Para bajarle el tono a polémica que se desató el pasado fin de semana por el proceso de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, la Vicefiscal Maria Paulina Riveros anunció con bombos y platillos la designación de 500 fiscales para el posconflicto. 

Según Riveros, la medida privilegiará la presencia de fiscales en 151 municipios, además de que el ente acusador hará presencia a través de sus funcionarios en 43 municipios ubicados en 31 departamentos, en donde hasta ahora no hacía presencia. 

La priorización, de acuerdo con la misiva que la alta funcionaria hizo pública a través de reiteradas publicaciones en la cuenta de twitter de la institución, fue realizada de acuerdo a los criterios de la política de consolidación del gobierno nacional.  

La Fiscalía quiso fortalecer su presencia en 108 municipios donde su infraestructura era muy limitada e insuficiente, a pesar de presentar indicadores de criminalidad creciente, que exceden los promedios nacionales”, agrega el documento y pone como ejemplo los municipios de Turbo, Buenaventura, Tuluá, Soledad, Tumaco y Soacha.

No obstante que el departamento del Tolima ha hecho parte de esta política durante los gobiernos Uribe-Santos, el ente acusador decidió excluirlo de la primera fase del proyecto “Fiscalía para el Posconflicto”, sin que por ahora medie ningún argumento.

Aunque ni la carta ni los informes de prensa de la Fiscalía describen las funciones que serán asignadas a los nuevos funcionarios, el papel que jugó la misma Riveros en la negociación del Acuerdo de Paz con las Farc, que es la tarea que le fue asignada como Vicefiscal, permite intuir que los fiscales para el posconflicto llegarán a reforzar los temas de la justicia transicional. 

Esto abre un cuestionamiento sobre la operatividad y los resultados de este tema en el Tolima, a 11 años de implementada la ley de Justicia y Paz, mediante la cual se desmovilizaron los paramilitares, y ad portas de empezar la implementación de la Justicia Especial para la Paz, pactada en el acuerdo de La Habana.

LaPipa.co conversó con Nubia Russi, sobreviviente del conflicto armado, defensora de derechos humanos y representante de las víctimas de la toma guerrillera, ocurrida el 14 de julio del 2000 en el municipio de Roncesvalles.

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LaPipa.co: ¿Qué pasó con el Tolima en la primera fase de “Fiscalía para el Posconflicto”?

NR: El sur del Tolima, en donde nació el conflicto armado, registra los más altos índices de violencia generalizada, sistemática y progresiva por parte de todos los actores del conflicto armado: Las Farc, las autodefensas, el Ejército Nacional y la Policía.

Así que nos sorprende muchísimo que la Fiscalía General de la Nación no hubiese puesto por lo menos una oficina satélite de la dirección de JEP, con fiscales que se dediquen al centro de los Acuerdos, que son las víctimas, según dijeron las partes que negociaron.

Sin embargo, solamente se cuenta con una Dirección Nacional de Análisis y Contexto, que tiene dos funcionarios, investigadores del CTI, sin funciones de fiscal sino simplemente de receptores de información, en Ibagué. 

Con un conflicto armado tan profundo y hechos victimizantes que están en la impunidad por más de 20 años, sorprende muchísimo la actitud de la Fiscalía. Lo que es cierto es que en este momento el Tolima no tiene capacidad de investigar estos crímenes, los documentos de memoria histórica son someros, sin la profundidad que se requiere.

LaPipa.co ¿De qué hechos está hablando?

NR: La Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía ha establecido mediante un sistema interno de información, unos patrones de macro y micro criminalidad. Dentro de los patrones de macrocriminalidad, se encuentran las tomas guerrilleras, más de setecientas acontecidas en los 55 años de guerra.

LaPipa.co ¿Y qué han hecho ustedes como víctimas para evidenciar eso?

NR: En este momento, una de esas tomas se está llevando a la JEP, al proceso de justicia transicional, y por primera vez en la historia del país se hace una audiencia colectiva con tres desmovilizados, incorporados y postulados al proceso de Justicia y Paz, que confesaron los hechos ocurridos antes, durante y después de la toma guerrillera que ocasionó la muerte de 13 policías y el desplazamiento de más de 700 familias.

Se logró identificar varios delitos ocurridos dentro del marco del conflicto armado. Como esta toma hay muchas más, pero Roncesvalles es pionero en Justicia Transicional.

En esto nos ha ayudado mucho la Universidad de Ibagué, que está desarrollando en este momento el documento base jurídico basado en una metodología científica, académica y jurisprudencial que permita identificar ante el Tribunal de Justicia y Paz, si en municipio de Roncesvalles fue afectado colectivamente para que se declare a nuestro pueblo sujeto de reparación colectiva, que se reconozcan los derechos de las víctimas y sobrevivientes de forma individual y de cada familia que vivió el conflicto y sobrevivió a la toma guerrillera.

También trabajamos con la Procuraduría General de la Nación y la dirección de ciencia política de la Universidad de Ibagué, con miras a construir el primer documento de memoria histórica individual y colectiva para reconstruir los hechos que enlutaron a nuestro municipio hace aproximadamente 20 años.

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LaPipa.co Con la ninguneada en el tema de justicia, tendrán que ocuparse de que la comisión de esclarecimiento o de la verdad, haga su trabajo…

NR: Hay una verdad histórica que es la que cuentan las víctimas, los sobrevivientes, los victimarios y el Estado. Y hay una verdad jurídica que es en la que nosotros estamos interesados, saber quién, por qué, cuál fue el motivo.

Por ejemplo: quién ordenó el homicidio de la personera de Roncesvalles Yesenia Briñez hace 14 años, por qué la asesinaron, nosotros queremos saberlo, y eso sólo va a ser posible cuando la verdad se diga en un Tribunal Especial para la Paz.

Ese es un compromiso de la JEP ante los tribunales internacionales, nosotros no sólo queremos que la verdad la digan los historiadores sino que la verdad la diga quien cometió el delito, que se ayude a reconstruir esa verdad dentro de unos juicios orales con miras a encontrar la verdad jurídica.

Aspiramos a que la Justicia cumpla con su propósito y el primero es el derecho a la verdad, quién ordenó la muerte de nuestros familiares, los secuestros, desapariciones, bombardeos.

Cuál fue la razón por la que teniendo cinco helicópteros a media hora de Chaparral, no actuaron para proteger a la comunidad de Roncesvalles, por qué la guerrilla de las Farc gobernó tres años ininterrumpidos en Roncesvalles sin que el Estado mirara hacia allá. Esas son las verdades que necesitamos saber.

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LaPipa.co ¿Qué opina de que las Farc ya empiecen a hacer política?

NR: Prefiero verlos haciendo política que haciendo cosas por fuera de la ley, pero evidentemente ese no era el procedimiento ni era lo acordado, por eso causa tanto rechazo el espectáculo que se hace de la democracia.

Están en todo su derecho, esperemos que logren salir a las elecciones, logren alguna curul y que demuestren políticamente lo que han pregonado con las armas durante 55 años, nosotros la sociedad civil haremos lo propio con nuestros candidatos, nuestras causas y nuestras luchas.

Desafortunadamente esto se ha convertido en un espectáculo donde las víctimas han sido las únicas perjudicadas porque todo se va deteriorando.