Impactos ambientales en la Colonia

La región central del Tolima experimentó la presión de actividades extractivas y ganaderas desde la Colonia, acompañadas, en menor medida, de la instalación de cultivos de pan coger y de monocultivos extensivos distribuidos en periodos definidos, como el tabaco, o posteriormente, la caña panelera. Las actividades extractivas se concentraron en la explotación de oro en vetas y aluviones de las cuencas de los ríos Combeima y Coello; y en la actividad ganadera, la cual incorporó razas de bajo rendimiento en carne, y generó los primeros impactos en el paisaje natural de la meseta de Ibagué y el Alto Magdalena.

La minería de oro, la construcción de viviendas y corrales, el carbón vegetal y el mantenimiento de caminos, requirieron de material leñoso y movimiento de tierras, los cuales generaron las primeras pérdidas de cobertura vegetal. De igual manera, la meseta y el valle del Magdalena en general, no aptos para herbívoros grandes, si nos atenemos a su historia natural, empezaron a aprovechar sus pasturas ineficientes, lo que estimuló los procesos de roturación de bosques secos tropicales instalados en la zona, con el fin de ampliar los hatos ganaderos.

El hato ganadero ha modificado, desde la Colonia, el suelo y la cobertura vegetal de las terrazas aluviales de Ibagué. Las dinámicas de compactación y erosión del suelo, la fragmentación de bosque ripario en ríos, quebradas, drenajes intermitentes, lagos y lagunas, y el aprovechamiento de maderables para actividades agrícolas conexas, produjeron cambios ambientales determinantes con consecuencias directas hasta su protomodernización agrícola.

En los suelos de ladera, Ibagué recibió su primera presión antrópica con las actividades mineras y agrícolas de la Colonia, especialmente aquellas derivadas del mantenimiento del Camino del Quindío, la obtención de carbón vegetal y la instalación de pequeños hatos ganaderos.

Aparición de las subculturas “calentana” y “montañera”

La Colonia vio nacer las primeras acumulaciones de tierras, provenientes de los pagos de la Corona Española por servicios militares, administrativos y de construcción de obras civiles, principalmente, los cuales experimentaron lentos procesos de compraventa, con o sin fraccionamientos, que terminarían configurando una increíble concentración de tierra en la meseta de Ibagué y sus suelos de ladera.

Esta economía hacendataria, unida a agrosistemas altamente ineficientes, dieron el marco ambiental de una peculiar subcultura “calentana”, esto es, poblaciones con escasos medios materiales de reproducción de su vida social y una casi imposible movilidad social.

Este proceso de empobrecimiento material, unido a la actividad doctrinera que destruyó la unidad religiosa y cultural de la “Parcialidad Pijao” alrededor del Mohán y el Cacique, también condujo a la disolución de valores comunitarios ancestrales de indígenas y mestizos, y el fomento de cánones sociales autodestructivos.

Así pues, se establecieron varios resguardos en el Alto Magdalena, pero ello no implicaba que los indios congregados ejercieran pleno dominio sobre sus territorios. La mayoría de los resguardos fueron disueltos a lo largo de la Colonia. Desde principios del siglo XVII los instrumentos jurídicos que los creaban eran explícitos en señalar (1627):

…para que todos estén juntos y agregados y tengan doctrina todo el año”, refiriéndose a los resguardos de los “Cuniras y Metaymas del capitán don Alonso Ruiz de Saojosa, y los Tuamos, del capitán Gaspar Rodríguez y los Ancón y don Martín Velasco…” (SBI, 1952, pp. 141-142). 

La descripción de Caldas en lo que toca a los pueblos ribereños del Magdalena evidencia los signos sórdidos de este proceso sistemático de exclusión social y empobrecimiento, la cual no deja de exhibir un sin fin de prejuicios racistas o clasistas:

Todos los países que riega el Magdalena desde su origen, Tacaloa, el Timaná, Neiva, Honda, Mariquita y Mompós están infectados de cotos y abundan de mudos y de insensatos” (Caldas, 1966[1808], p. 114).

Las referencias a su vida “licenciosa” abundan en su Semanario. Muy posteriormente, persistieron opiniones sobre el calentano que se pueden leer en distintas fuentes periodísticas de Ibagué, como la de El Renacimiento de 1908:

Apenas habrá cosa más funesta para el desarrollo material de un pueblo que el egoísmo de sus habitantes; pero más fatales consecuencias aún son el pesimismo, la indolencia y la poca fe (…) sólo Ibagué permanece inactiva, cuando su porvenir de gran centro comercial, de gran ciudad, empieza a decidirse” (tomado de González, 2006, p. 132).

Algunas zonas de cordillera del Tolima, colonizadas por los pueblos antioqueños desde mediados del siglo XIX, han configurado otra historia regional, cuyos estilos de vida, formas de apropiación de la tierra y empresas económicas como la producción cafetera, constituyeron el carácter fundamental de la subcultura “montañera” del Tolima. Pues, la colonización cundiboyacense y santandereana en ladera y páramos tuvieron un impacto menor. 

Elementos de la economía regional en el siglo XIX y principios del XX

A pesar de que Ibagué recibió en sus suelos de ladera algunas oleadas de la migración antioqueña, sus impactos en la democratización de la tierra, y su aporte a las dinámicas empresariales, no fueron importantes, si se le compara con otras regiones como el Viejo Caldas. 

Una de las causas fundamentales de esta diferenciación con el Eje Cafetero, por ejemplo, radica en un mayor predominio del régimen hacendatario en la región central del Tolima.  A principios del siglo XX, la hacienda “Tolima” (se conjetura que alcanzaba las 14.000 has de laderas y páramos), ubicada en Ibagué y perteneciente al antioqueño Martín Restrepo, caracterizó el modelo de “modernización tradicional” de explotación del suelo montañoso: producción cafetera, minería de oro, explotación de maderas, caza, cultivo de cementeras y hatos ganaderos; pero sometidos a toda suerte de formas de exacción de rentas: aparcería, compañía, arrendamiento, alcabalas de caminos, etcétera.

Este régimen de medianos y grandes hacendados en la mesa y montaña de Ibagué no contribuyó a redistribuir la riqueza, ni posibilitó acumulaciones de capital para fomentar, desde comienzos del siglo XX, la agroindustria y cierta iniciativa industrializadora, como sí fue posible en el valle de Aburrá, la meseta de Bucaramanga, o el Eje Cafetero.

Por otro lado, las luchas campesinas de los años veinte y treinta del siglo XX en el Tolima, evidenciaron el proceso insostenible de acumulación de suelo y rentas agrarias que, desde la Colonia, había expulsado a miles de campesinos a zonas inaccesibles o de baja productividad.

La toma a la hacienda Tolima por parte de campesinos sin tierra, objeto de debate nacional por la defensa que hiciera en su momento Jorge Eliecer Gaitán en 1934 (Ibíd., p. 60), en un contexto crítico del problema de la tierra en Colombia, prefigura el carácter de la violencia de todo el siglo XX en Colombia: represión de las fuerzas armadas ante la toma de haciendas, y reacción organizada de campesinos con orientaciones comunistas o liberales radicales, que en armas trataban de defenderlas.

Cambios en la vida urbana de Ibagué durante la Colonia y el siglo XIX

La lógica espacial urbana constituida desde la Colonia no es el reflejo directo del urbanismo materializado en la España medieval, ni consecuencia infalible de una cédula real de Carlos V. En la vida cotidiana de las ciudades coloniales operan distintas estrategias híbridas que transforman el ambiente y los hábitos de sus aldeanos. No se trata del poder imperial que en toda su soberanía se impone sobre un lugar vacío sin toponimias, sin saberes previos, sin resistencias sociales. Se trata de una intermediación permanente de fuerzas sociales y culturales que deben tramitar su imagen dominante del mundo con otras visiones dominadas propias del indio (Martínez, 2011b).      

Ciertamente, las valoraciones culturales dominantes no son tales por sus propios dispositivos lingüísticos, sino que deben restituir sus valores mediante toda suerte de microconsensos y microrresistencias sociales, a propósito de De Certeau, Giard y Mayol (2006, pp. 13-32, 259-265), que al final del balance produce un beneficio neto de mayor peso para el colonizador.

Esta dialéctica implica beneficios de toda naturaleza, por supuesto de menor peso, para las clases o grupos colonizados. La política colonialista española de amplio espectro y de lo cotidiano, a lo largo y ancho de los territorios colonizados de Colombia, no es homogénea, sino que despliega un mundo contradictorio cuyas perspectivas sociales se hibridan permanentemente, pero capaz de consolidar élites sociales y representaciones dominantes.

En este contexto, el damero, la plaza central, los ejes de acceso, los paramentos, el loteo y los cerramientos de los lotes, los edificios dominantes, los monumentos, el ornamento urbano, y otras disposiciones urbanísticas y normativas sociales en general, persisten en modificaciones, transgresiones, cambios, reinterpretaciones al modo de baratarias o de reinos con “animales” por parlamentarios, como en el caso novelado por Alberdi (1916, p. 72). Cada variación de la centralidad simbólica y jurídica es una transgresión del poder central. Y de hecho, Ibagué no fue la excepción.

Desde su fundación (1550), como punto de relevo para acceder a Popayán desde Santa Fe y con perspectivas de extraer oro de las “montañas del Quindío”, sin hacer el camino de Guanacas, constantemente amenazado por indios Pijaos y “Paeces”, la aldea se erige con “Juntas de Gobierno” españolas que tendrían que enfrentar la “pacificación” del “Valle de las Lanzas”.

Entre los ríos Bermellón y Anaime, en un lugar fuertemente ondulado cerca de la actual población de Cajamarca, se presume el primer asentamiento de Ibagué, cuya denominación hacía honor a un cacique (Pardo, 2009), lo que ya representaba un acto de toponimia colonialista. En efecto, las avanzadas de los Pijaos sobre el primer caserío, y las dificultades topográficas para la expansión del mismo, obligaron a resituar el asentamiento, para 1551, en las cotas altas de la actual ciudad de Ibagué. Este segundo emplazamiento también fue asolado por los indígenas, lo cual implicó su reconstrucción o relocalización en la misma zona, según se deriva de los Cronistas. 

El lugar del nuevo asentamiento en ningún momento previó un crecimiento reticular en todas las direcciones, dados los obstáculos topográficos que lo flanqueaban por el norte, el sur y el oriente. Por el contrario, la escogencia del lugar tenía como objeto fundamental el control visual del abanico de Ibagué, el aprovechamiento de una retaguardia natural, esto es, la vertiente oriental de la cordillera central, y pasos infranqueables como el cañón del Combeima. Dicha disposición espacial permitía anticiparse a los posibles ataques de los pueblos indígenas asentados en la región, acceso a pequeñas fuentes de agua, y la interconexión directa con el “Camino del Quindío”.

Dadas las condiciones ambientales iniciales, Ibagué tendrá que enfrentar, desde siempre, serios desafíos para orientar el crecimiento urbano, suplir la demanda de agua con fuentes estables y tratables, y enfrentar riesgos de toda naturaleza como inundaciones, deslizamientos y sismos. 

La aldea fue también el lugar del espectáculo punitivo, tal como lo fueron las calles y plazas durante los “Estados Soberanos” (Foucault, 2002). Las transgresiones a las “Cédulas Reales” y sus reglamentaciones cotidianas, las deliberadas o involuntarias omisiones de los principios religiosos de innumerables doctrineros asentados en encomiendas, resguardos y aldeas, fueron objeto de disciplinamiento y castigo con evidentes variaciones respecto a los rituales penales europeos:

En la ciudad de Ibagué, en veinte y cinco días del mes de octubre de mil y seiscientos y un años, don Juan de Aguilar, caballero del hábito de Cristo (…), y el capitán Hernando de Lorenzana, alcalde ordinario de esta dicha ciudad, y acompañado del dicho corregidor en la causa criminal que de oficio de la real justicia y con defensor se ha seguido en esta dicha ciudad contra Constanza y Catalina y Juan, su marido, y Alonso, hijo de la dicha Constanza, y Bárbola, indias e indios hechiceras y herbolarias, y para determinar esta dicha causa y sentenciarla (…) El corregidor, dijo: que vistos los autos de este proceso y la culpa que resulta contra los dichos (…) debe de morir por muerte natural la dicha india Constanza colgada por el pescuezo en una horca que se haga fuera de esta ciudad, en el camino real que va de esta ciudad a la de Santafé, y de ella no sea quitada para ejemplo de los naturales y españoles, y que a la dicha india Catalina y a su marido Juan se le den, a cada uno trescientos azotes, caballeros cada uno dellos en una bestia de albarda y sean llevados por las calles públicas de esta ciudad con voz de pregonero que manifieste su delito, y la india Bárbola sea desterrada desta ciudad, y los demás de los términos de su corregimiento por tiempo de cuatro años, y que el escribano propietario de esta ciudad dé y entregue el proceso como le está mandado, por cuanto consta haber confesado la dicha Bárbola haber sido sentenciada y que su amo dio cierta cantidad de oro…” (SBI, 1952, pp. 135-136). 

Llama la atención el amplio espectro del castigo: el exilio, la muerte y el espectáculo de los vejámenes. Pero en especial, la muerte segregada de la ciudad, separada deliberadamente del pueblo, cuya potencia levantisca está siempre presente, pero a la vera de un camino transitado, cuya fuerza social no invoca la concentración, sino la disipación espacial. La hechicería, o la sabiduría de las propiedades medicinales de las plantas, era condenada por el campo de fuerzas cosmológicas que integraba, y por sus evidentes efectos prácticos. Una preconcepción del mundo que podría fatigar las bases mismas de la cosmovisión católica y colonial de España.

Pero también se trataba de la regulación de la ecúmene de la ciudad, de la preservación de los derechos de hidalgos, de las jerarquías sociales, y el orden espacial que regulaba sus usos adecuados o funcionales para una hibridada cosmovisión urbana, que no cesaba de tramitar las resistencias propias de hábitos ancestrales de preconcepción espacial y materialización del mismo. Así pues, se escribe en un Cabildo de 1602:

…hacemos saber a vos el capitán Alonso Ruiz de Sahajosa, persona a cuyo cargo está acudir a las cosas tocantes a la guerra de los indios Pijaos (…), cómo los indios Pijaos han rompido al fuerte de la mesa de Ibagué y en ella han muerto a un español y llevádole la cabeza y muerto muchos indios del dicho pueblo, y llevados otros muchos vivos quemando el dicho pueblo, y cometido grandes delitos…” (Ibíd., p. 173). 

Los Pijaos fueron combatidos con una diligencia especial. Pues, durante un largo periodo, insistieron en retomas de tierras con el fin de poner bajo control a los indios vinculados a las actividades productivas de la aldea, resguardos y haciendas, tal como se evidencia en otros ataques a la misma ciudad en 1592 y 1606; este último registrado por Fray Pedro de Simón (González, 2006, pp. 33 y 144). 

Mucho después de la guerra con los Pijaos, se registra un levantamiento social (1781) que termina con la toma a la casa del “Administrador de Rentas” y la liberación de los presos recluidos en la “Casa Consistorial” (hoy el edificio de la DIAN). Esta situación, inicialmente propiciada por las clases medias bajas que se vieron constreñidas por impuestos y alcabalas de caminos. En efecto, estos fenómenos serán recurrentes en varias aldeas de la Nueva Granada (1718-1822) y desembocarán en aquella “Revolución de los Comuneros” de 1781.   

Durante la vida republicana del siglo XIX, Ibagué sufrió cambios políticos y sociales relevantes que le permitieron convertirse en la capital del Tolima y el centro regional de algunos conflictos desarrollados durante las guerras civiles del siglo XIX. No obstante, la aldea, en perspectiva urbanística, no experimentó cambios importantes, por lo cual la pequeña malla urbana ortogonal articulada a la plaza principal y los caminos regionales, persistieron en sus formas espaciales originales, según las viejas disposiciones de las “Cédulas Reales”.   

Durante el periodo liberal radical (1863-1886), las élites regionales del Tolima jugaron un papel fundacional en las reformas constitucionales del país, lo mismo que fomentaron vías descentralizadas de gestión del poder regional, a fin de fortalecer las autonomías territoriales. No obstante, dicho espíritu fue severamente perseguido por las élites regionales y nacionales conservadoras.

En principio, las actividades sociales desarrolladas alrededor de la economía exportadora de quina, tabaco y café en la región central y norte del Tolima durante el siglo XIX, ofrecen un contexto explicativo de la influencia de discursos utilitaristas ingleses e imágenes utópicas del origen francés, los cuales se propalaron en el Tolima y sus centralidades como Ibagué, Líbano y Honda, y dieron lugar a reformas radicales en códigos civiles, códigos penales y constituciones, protagonizadas por tolimenses (Martínez, 2011a).        

A pesar de que Ibagué empieza a consolidarse como una centralidad urbana de impacto regional desde los años de 1860, y que las guerras civiles circunscritas al “Estado Soberano del Tolima”, con sus conexas crisis fiscales y administrativas, no permitieron financiar mejoras urbanísticas y fomentar la producción manufacturera, sí es posible evidenciar un aumento sostenido de la población urbana en el último cuarto de siglo, cuyas tasas se incrementarán de modo importante durante el siglo XX.

Aunque las razones por las cuales se produjo este “despegue” demográfico no son claras, se puede conjeturar que la presión demográfica obedeció al auge minero que experimentó la región entre 1887 y 1896 (Clavijo, 2004, p. 39), las expectativas de mejoras económicas de poblaciones periféricas afectadas por las guerras civiles, la extraordinaria cifra de adjudicaciones de baldíos que a nivel nacional ascendió a 1.456.840 has entre 1870 y 1900, cuyas coberturas tolimenses se concentraron en las vertientes de la cordillera central y oriental, y la reorganización administrativa de 1886 (por efectos de la Constitución centralista del mismo año), la cual ofertaba empleos públicos en la ciudad y sus anillos de regulación fiscal o jurídica.

Estas nuevas explotaciones, agrupadas la mayor parte en predios de ladera superiores a 1000 has (González, 2006, p. 47) fueron directamente apropiadas por terratenientes, y junto con las haciendas tradicionales preexistentes en la mesa, empezaron a generar una demanda de brazos en los primeros anillos de influencia de Ibagué. Y ésta, en consecuencia, empezó a soportar la demanda de servicios y bienes manufacturados inherentes a las actividades mineras, agrícolas y comerciales.     

Cabe anotar que para un censo urbano de 1884, se identificaba ya un 25% de población desocupada (655 habitantes) y 30 mujeres “vagas” (que dependían de la caridad pública) (González, 2006, p. 166). Estas señales de una profunda crisis social persistirán en Ibagué hasta la época contemporánea, y muestran los efectos directos de la ausencia de medios de trabajo en el campo.

Existen evidencias de la mejora de los precios de los bienes agrícolas y la consecuente acumulación de capital de grandes propietarios y rentistas agrarios del Tolima antes de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), entre 1887 y 1897. Se incrementó el valor de la tierra y el precio del ganado creció entre 100 y 200% respecto a la década de 1880 (Clavijo, 2004, p. 40). Estas cifras indican un dinamismo del mercado producido por inversiones agrícolas, adquisición de tierras y empresas mineras, y la conexa acumulación de la propiedad del suelo. 

Por otro lado, muchas de las adjudicaciones del Tolima de este periodo, y de la primera mitad del siglo XX, que contaban con ocupantes o poseedores, se entrabaron en distintas luchas campesinas armadas, las cuales fueron resueltas por el gobierno nacional a favor de los terratenientes. De hecho, las últimas guerras civiles del siglo XIX, donde el Tolima es protagonista, estuvieron fuertemente motivadas por el problema agrario. En este contexto, la muerte del General Tulio Varón en 1901, prefigura el cierre de una historia de luchas liberales radicales del siglo XIX por una mejor distribución de la tierra y autonomías territoriales en Colombia.   

Desde la Colonia, el centro de poder religioso y civil se instaló en lo que es hoy la “Plaza de Bolívar”, y a su alrededor se configuró una retícula que se extendía sobre un eje suroriental-noroccidental. De este modo, se conformaron las actuales calles 10ª y 9ª entre las carreras 2ª y 3ª. Desde este centro regulador, se desarrollaron hacia el noroccidente las calles 12, 11, 8ª, 7ª, 6ª y 5ª, y en el sentido suroccidental-nororiental las carreras 1ª y 4ª (Ibíd., p. 147).

Para el último cuarto del siglo XIX, se construye una plaza menor (hoy “Parque Manuel Murillo Toro”) hacia el costado oriental de la Plaza de Bolívar. Esta tendencia del desarrollo urbano hacia el suroriente generará otra retícula alargada que se consolidará parcialmente, para 1900, desde la calle 13 hasta la 21, entre las carreras 1ª y 8ª (Ibíd., p. 154). En efecto, ya para 1905, un censo de población urbana y rural registraba en Ibagué una población de 24.566 habitantes, que para 1870 apenas ascendía a 10.000 habitantes (Ibíd., p. 239).         

La pequeña ciudad experimentaba para finales del siglo XIX distintos problemas urbanísticos y sociales: ordenación urbana, saneamiento público, ornamentación, mantenimiento de vías urbanas, invasiones de terrenos, actos de “inmoralidad pública”, comercio ilegal o informal, e inseguridad. Todos ellos conexos a una contradictoria modernización urbana que se imponía a una subcultura hibridada, la cual exhibía una resistencia social a las representaciones dominantes de la vida urbana. Ciertamente, aquellos problemas urbanos, o la conocida deuda urbana de Ibagué, persistirán durante el siglo XX.

Panóptico de Ibagué. Dibujo Luis Humberto Duque (por fuera del texto original) 

Principales transformaciones urbanas de Ibagué en la primera mitad del siglo XX

Hacia el costado suroccidental y noroccidental de la ciudad en 1900, se oponía al desarrollo urbano el profundo cañón del río Combeima, y hacia el costado nororiental, las quebradas La Pioja y el Río Chipalo. Para los años cuarenta, las fuentes fueron integradas a la ciudad con la construcción del barrio Belén, en el costado más noroccidental de la ciudad. Igualmente, en la  carrera 4ª, desde la calle 9ª, un lecho intermitente (denominado el “zanjón” por las autoridades del momento) se profundizaba hacia el costado suroriental, pero finalmente fue integrado a la malla urbana para esta misma década.

Las vías urbanas hacia Belén, los nuevos desarrollos que se localizaron al otro lado de aquél zanjón, y el paso sobre el Combeima hacia Armenia (barrios La Hoyada y El Amé), generaron serias dificultades durante la primera mitad del siglo para la improvisada planeación urbana de la ciudad. Los inviernos hacían intransitables dichos caminos y camellones, evidenciando las dificultades inherentes a la implantación inicial de la ciudad en un lugar topográficamente accidentado (Ibíd., pp. 152-155).

El lugar parecía contar con una temperatura templada estable, dados los registros de 1912, con 22 °C promedio anual (CG, 1912, p. 48), y descripciones de Lozano y Lozano de 1934. Dicho promedio se ha venido modificando con picos de temperaturas actuales de 34 °C.

La margen suroccidental del río Combeima, de muy difícil interconexión con la ciudad por el cañón que se interponía, se fue integrando mediante puentes artesanales y metálicos desde finales del siglo XIX. Y para 1909, se construye un puente con mayor capacidad de carga que habrá de vincular “El Llano de los Álvarez” y lotes de ladera al eje vial que comunicaría a Ibagué con la actual Armenia. Estos lotes fueron dando continuidad a la malla urbana del centro de la ciudad hacia el costado suroccidental. Para mediados de siglo ya existían desarrollos en estos sitios, que ciertamente tendrán precariedades de acceso a servicios públicos hasta la época contemporánea. 

Desde comienzos de siglo se empiezan a percibir los efectos de la segregación espacial de las haciendas urbanas y periurbanas, las cuales se beneficiaban de los esfuerzos fiscales realizados por el Municipio de Ibagué para construir la infraestructura urbanística. Las haciendas de Belén, Tolima y San Jorge, representaron fenómenos de latifundio urbano (junto con un inventario importante de lotes grandes) durante la primera mitad del siglo, lo que en efecto contribuyó al incremento de la renta del suelo y a la expulsión de la población urbana más vulnerable hacia desarrollos marginales, dado el crecimiento demográfico que pasaba de 27.448 habitantes urbanos en 1938 (CG, 1938, p. 11) a 54.347 habitantes en 1951.

De hecho, el impacto de estas acumulaciones sentó las bases del problema histórico de la vivienda en Ibagué, que durante la segunda mitad del siglo XX, produjo masivas tomas de tierras en haciendas periurbanas del costado suroriental y oriental de la ciudad. 

A pesar de que los terrenos ejidales eran de propiedad del Municipio de Ibagué, los intereses de terratenientes urbanos en la compraventa de los mismos y el inventario de los realmente disponibles impidieron atender la inusitada demanda de vivienda social.

En efecto, buena parte de los ejidos se hallaban solo en el primer anillo de crecimiento de la ciudad, esto es, entre las calles 1ª y 23, y las carreras 1ª y 8ª, según un mapa de 1931, y pudieron alcanzar los 6.700 solares con subdivisiones generosas, si nos atenemos al censo de impuestos de 1930 (González, 2006, pp. 254-255). No obstante, el grueso de dichas adjudicaciones sociales nunca se concretó, lo que condujo al alto desarrollo de viviendas marginales en zonas de alto riesgo (cañón del Combeima y cerros del norte) y la persistencia de vacíos urbanos para 1958, según el “Mapa Urbano de Ibagué” levantado por el IGAC.

Para 1942, la malla urbana, que se entendía entre las calles 1ª y 31, tenía desarrollos informales al suroccidente y suroriente de la carrera 1ª, esto es, en la margen nororiental erosionable del río Combeima (Ibíd., p. 236), lo que ya evidenciaba el proceso extendido de marginalización de sus desarrollos urbanos. 

Las dos primeras décadas de la ciudad van a experimentar cambios relevantes en los modos de vida urbanos. En primer lugar, la implementación de políticas modernizadoras que se introducían por vía de las disposiciones nacionales y departamentales. Específicamente, la Regeneración (1886-1930) o hegemonía conservadora, estimuló una incorporación protomoderna de las ideas de progreso provenientes de las culturas urbanas euronorteamericanas en distintas agendas de gobierno, que fomentaron algunas transformaciones en ciudades intermedias.

No obstante, la experiencia de la modernidad económica y social no se consolidó nunca en ese periodo, ni posteriormente (Jaramillo, 1999), y se limitó a formas exteriores de su materialidad monumental, como la ornamentación de plazas, la edificación de sedes administrativas con elementos “republicanos”, la iluminación de los espacios públicos, construcción de carreteras sin sistemas de transporte, y algunos avances en redes subterráneas de acueducto y alcantarillado. 

En segundo lugar, el flujo de experiencias sociales modernizantes, la cual circulaba por los canales de comercialización terrestres o fluviales que interconectaban a Ibagué con Bogotá, los puertos del Magdalena (Ambalema y Honda, principalmente), el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Y en tercer lugar, la reproducción y apropiación cotidiana de los imperativos del progreso por parte de sus élites regionales, como se figura con claridad en las cartas del General Casabianca, y otros líderes conservadores o liberales.

Por ejemplo, en el periódico el “Renacimiento” de Ibagué, ya para 1908, se usaban con frecuencia las expresiones “desarrollo”, “progreso”, “porvenir” (González, 2006, p. 132), lo que evidencia al menos la entronización en el saber popular de una “ética superficial” del trabajo moderno.

Las interconexiones regionales se desarrollaron ampliamente con la construcción del ferrocarril del Tolima, a finales de la segunda década, el cual permitió que Ibagué se convirtiera en el nodo final de las líneas que provenían de Bogotá, el sur del país (ferrocarril del Huila) y el Norte del Tolima (ferrocarril de la Dorada). De este modo, Ibagué empieza a consolidar su centralidad regional, y a mejorar sus niveles de integración comercial con Bogotá y el Atlántico.

El primer vehículo ingresa a la cabecera urbana de Ibagué en 1915, pero los ejes viales no eran transitables. De hecho, en varias ciudades intermedias y pequeñas del país, los vehículos llegaron “primero que las carreteras”. También el hecho registra un “deseo” modernizante de la ciudad, durante décadas manifestado como una curiosidad de feria sin mayores utilidades prácticas. No obstante, la imagen moderna de la ciudad adaptada a los automotores y a la energía eléctrica en general, empieza a reflejarse en el urbanismo, el equipamiento urbano y los edificios funcionales para los pequeños comercios y talleres desde principios del siglo XX.

Entre los años veinte y cincuenta del siglo XX, la red de carreteras del Tolima, articuladas a Ibagué, Bogotá, el norte de país y el Eje Cafetero, se impone al crecimiento ferroviario, explicable en parte por los intereses dominantes de las élites nacionales en el transporte automotor. Así pues, se construyen las carreteras que habrán de comunicar a Ibagué con El Salado, Alvarado, Caldas Viejo, Venadillo, La Sierra, Lérida, Armero, Guayabal, San Felipe, Mariquita, Honda y La Dorada, los cuales se ubican en la parte norte del valle del Magdalena tolimense, y pasaban por lentos procesos de modernización agrícola; y hacia el centro y oriente tolimense, las carreteras que comunicarán con Mirolindo, Picaleña, Bueno Aires, Gualanday, Chicoral, Espinal, Flandes y Girardot (Ibíd., p. 134); también sometidos a progresivos desarrollos monocultivistas.

Para la década de 1910, la ciudad contaba con talleres e industrias que suplían la demanda de gaseosas, jabones, muebles, harina de trigo, café molido, sastrerías y zapaterías “modernas”, alfarerías y cervecerías. También contaba con una pequeña industria panelera, talabarterías y alambiques, a pesar del monopolio que pesaba sobre el país.

Junto a estas actividades comerciales e industriales, se incorporan equipamientos básicos de la ciudad moderna: se construyen parques, piletas y calles, lo mismo que edificios públicos como el Palacio de la Gobernación, el Panóptico (idea arquitectónica de Bentham para las penitenciarías europeas, que fue acogida por Casabianca) y el Cuartel del Ejército (Ibíd., p. 177).

Así pues, los estilos de vida urbanos del ibaguereño se irán complejizando durante la primera mitad del siglo XX, para luego ingresar a un proceso de secularización desde la década de los años cincuenta. Este proceso indica también un efecto de secularización rural, dada la entronización de los estilos de vida urbanos modernos en las prácticas cotidianas del campesino periurbano, suburbano, o sometido a formas de disciplinamiento social de la agricultura moderna.

Para el censo de 1938, la densidad urbana era de 94,6 habitantes por hectárea, lo que implicaba ya un nivel importante de concentración demográfica, y la zona urbana alcanzaba las 290 hectáreas, distribuidas en 200 manzanas aproximadamente (Tabla 1)

Por otro lado, 47,2% de la población total se ocupaba en actividades remuneradas de distintos modos (muchas de ellas conculcaban los derechos modernos del trabajador). De allí que la relación de dependencia económica fuera de 10 a 11 (con una presencia fuerte de población joven dependiente), lo que era propio de estas sociedades agrícolas en procesos de modernización urbana. La población inactiva incorporaba personas de todas las edades que no estuvieran laborando, trabajadoras domésticas de sus propios hogares, estudiantes, presos, rentistas, entre otros. Igualmente, la mayoría de la población menor de 14 años se encontraba por fuera del sistema escolar, pues solo 24% gozaba de este servicio (Tabla 2).      

 

 

 

 

 

 

 

La longevidad relativa apenas tendrá un pequeño incremento desde los años setenta. La porción de desocupados (5%) sobre la población mayor de 14 años se incrementará o será estable durante el siglo XX. Por otro lado, si la población de menores de 14 años ascendía a 24.788 habitantes para 1938, o sea, el 40,3% del total, se puede suponer que había una mínima eficacia en el suministro de alimentos a toda la población por parte del sistema agrario regional.

Estas cifras tendrán un mejoramiento relativo durante la ejecución de políticas desarrollistas del Gobierno Nacional desde la década de los sesenta; lo que en efecto evidencia una mejor eficiencia en la gratificación de los patrones de bienestar “modernos”, como una medida que contrarrestaba las promesas de bienestar del comunismo (Von Beyme, 1998, pp. 13-35).

Si se observan los usos de los edificios urbanos en 1938, 88% se destinaba a residenciales y 6,4% a establecimientos comerciales e industriales. Cifras relativas que tampoco mostrarán cambios importantes en las décadas posteriores. Y solo 45% de los edificios urbanos contaban con los tres servicios sociales básicos, cobertura que ciertamente mejorará (Tabla 3).

 

 

 

 

 

 

En la categoría de Edificios Ocupados, se puede evidenciar la alta participación de rentas inmobiliarias, pues más de la mitad de las unidades ocupadas (53,3%) se encontraba en arriendo, comprobando de nuevo el impacto del latifundismo urbano. En efecto, esta cifra relativa no se contabilizaba para ningún municipio del Tolima, excepto en Santa Isabel (CG, 1938) (Tabla 3).

La actividad rentista de distintos órdenes estará presente en la ciudad durante toda su historia. El comerciante y el tramitador representarán también tipos sociológicos del ibaguereño; ciudadano, meramente intermediario, entre la política y el empleo, los derechos y su cumplimiento, los bienes alimentarios y el consumidor. Para 1938, de los 9.493 habitantes urbanos ocupados, el 17% se encontraba vinculado a actividades comerciales (ventas y créditos, especialmente), frente a 28,4% vinculado a la industria manufacturera (Ídem.).

Por otro lado, se estima que Ibagué tenía una población estudiantil menor de 14 años para 1938, que podía ascender a 5.986 niños, buena parte de ellos concentrados en las instituciones educativas urbanas. De lo que se puede colegir que solo cerca de la mitad de la población urbana mayor de 14 años sabía leer y escribir, dado un analfabetismo urbano de 11.006 habitantes. Lo anterior hace suponer que, una parte importante de la población urbana ocupada mayor de 14 años, tenía una mínima cultura letrada, lo que en efecto era consistente con los aprestamientos escolares básicos de los trabajos urbanos implicados en la industria, los servicios y las profesiones (Ídem.).

Foto suministrada.

Crecimiento demográfico de la ciudad en la primera mitad del siglo XX

Desde la segunda década del siglo XX, Ibagué empieza un lento proceso de mecanización agrícola, el cual expulsó mano de obra a la ciudad de Ibagué, unido a las migraciones acumuladas por la alta concentración del suelo en el abanico y la vertiente oriental de la cordillera central del Tolima. Así pues, la ciudad experimenta un incremento inusitado, pues, para el periodo 1905-1918, la tasa interanual de crecimiento fue sólo de 438 habitantes, mientras que para 1918-1928, asciende a 2.608, y para el periodo 1928-1938, disminuye a 511 (González, 2006, pp. 239-241). 

Los conflictos rurales de los años treinta y cuarenta (“tomas de tierras” en las haciendas de ladera y violencia “bipartidista”, especialmente), seguirán desplazando población a la ciudad, al igual que la profundización de los proyectos de mecanización en la meseta de Ibagué y el Alto Magdalena. En este sentido, para 1951 Ibagué ya contaba con casi 100.000 habitantes, lo que respecto a 1938 implicó una tasa anual de crecimiento cercana a 2.200 habitantes, es decir, volviendo a los crecimientos del periodo de los veinte (Ibíd., p. 241).    

Para mediados del siglo XX, se empiezan a profundizar los problemas de desarrollos precarios en los bordes de la ciudad, los problemas de saneamiento urbano, y el monopolio del suelo urbanizable por parte de las élites regionales, presionará la expansión desregulada de la ciudad.

Según los censos, la población urbana casi se duplicó entre 1938 y 1951, y la rural se incrementó en 77%. No obstante, la densidad urbana habrá de disminuir por el efecto de desarrollos dispersos en el casco urbano, producto de la expulsión periférica del latifundismo urbano o los rentistas inmobiliarios. Igualmente, la densidad rural se incrementa levemente, lo que es explicable por las nuevas parcelaciones, y la consolidación de centros poblados rurales (Juntas, Villarestrepo, El Salado, Picaleña, entre los más importantes), vinculados en buena parte al mercado laboral inherente a las actividades agrícolas y agroindustriales en auge para ese momento (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se constata la disminución del analfabetismo urbano y rural respecto a 1938, dada la ampliación de las coberturas del sistema educativo, propiciadas en buena parte por las políticas desarrollistas de la posguerra. Al mismo tiempo se hace patente la disminución de la longevidad relativa municipal, que pasa de 0,66% a 0,56%, evidenciando el impacto de la violencia bipartidista (que afectará directamente a la población en edades productivas, pero no exclusivamente) y los signos propios de la precariedad material de la población. 

Asimismo, se puede comprobar la disminución relativa de la participación de la población “inactiva” en el total de la población “empleada” respecto a 1938, lo que indica una tendencia al incremento de los niveles de dependencia económica y desempleo de un grueso importante de la población para 1951 (al menos en la zona urbana, que ya de por sí es representativa), y exhibe en consecuencia una persistente desmejora del patrimonio de las familias vulnerables (Tabla 5).   

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo que se duplica la población urbana, también se duplica la tenencia de vivienda propia de esta población, siendo su crecimiento relativo despreciable respecto a 1938. En cuanto a unidades arrendadas, se verifica un aumento, pero ubicándose por debajo de las unidades ocupadas por sus dueños. Las soluciones de vivienda para el momento derivaban en su mayoría de actividades de autoconstrucción, lo que implicaba el flujo regional (o de otros departamentos) de patrimonios de familias migrantes hacia la ciudad de Ibagué. Para el año en cuestión ya se registraban viviendas con materiales no permanentes, lo que es consistente con los asentamientos precarios desarrollados desde los cuarenta en zonas marginales o con algún nivel de riesgo (Tabla 6).   

 

 

 

 

 

 

 

Para 1951 se empieza a caracterizar mejor el proceso de especialización de las actividades económicas de la ciudad, con la presencia de una amplia diversidad de profesiones, trabajadores calificados y subespecializados, ayudantes de distintos órdenes, y artesanos vinculados a las nuevas demandas de la ciudad. Llama la atención el bajo nivel de participación de los empleados en general frente a los empleadores en el contexto urbano, la cual apenas alcanza una relación de 23 a 1, mostrando la dinámica monopolista y rentista de la economía local, con una consecuente redistribución de la riqueza casi inexistente (CP, 1951).

La economía de la construcción contaba para 1951 con 1.429 trabajadores especializados, entre pintores, electricistas, albañiles, fontaneros y afines, y 48 personas vinculadas a la gerencia del negocio, frente a los 586 del sector en 1938. Particularmente, se debe destacar el aumento de la participación del sector de las fuerzas armadas, que ascendía a 787 personas en la ciudad, en un contexto de violencia generalizada,  y que para todo el Departamento apenas era de 942 en 1938, mostrando una vez más el impacto de distintos conflictos sociales (CP, 1951; CG, 1938).

Por otro lado, se evidencia una disminución relativa de las ocupaciones del sector comercio, y un leve repunte del sector artesanal e industrial, cuya consolidación no será posible por la profundización de una economía rentista. Para 1951, la participación de empleadores y empleados del sector comercio en la población ocupada de la ciudad disminuía a 10%, frente a 17% de 1938 (CP, 1951).

En consonancia con lo anterior, aparecen vinculaciones masivas a la industria textil, alimentos, artes gráficas, relojería y joyería, lo que da cuenta del dinamismo del mercado urbano, y en especial, del impacto en la economía urbana de la agricultura del algodón. El procesamiento industrial del arroz, ubicado en la zona rural de Ibagué, difícilmente se reflejaba en las ocupaciones urbanas, excepto por los empleos administrativos generados (Ídem.).

Impactos espaciales del crecimiento demográfico de la ciudad a mediados del siglo XX     

Se tendrá entonces para 1958 una ciudad desarrollada definitivamente a lo largo del eje occidente-oriente, materializado alrededor de la carrera 5ª, y las actuales avenidas Ambalá y Ferrocarril. La malla urbana se extendía desde la calle 1ª hasta la calle 37, con otros desarrollos muy dispersos al oriente de esta calle; y de sur a norte, desde los actuales barrios La Gaitana, Venecia, Ricaute y Las Ferias, hasta los actuales barrios de Santa Bárbara, 20 de julio y 7 de Agosto, con desarrollos al costado sur de la quebrada La Pioja, y otros loteos urbanos en el incipiente Barrio Ambalá (IGAC, 1958; POT, 2000).

Sus aproximadas 450 manzanas, muchas de ellas irregulares, pobremente consolidadas y con importantes “lotes de engorde”, se conformaban como una retícula accidentada, con problemas de interconexión vial, especialmente en el sentido sur-norte (sin descartar otros de los ejes occidente-oriente). Entre los factores explicativos de esta morfología se encuentran los obstáculos del profundo cañón del Combeima, lechos intermitentes, la quebrada La Pioja y el río Chipalo, las altas pendientes de los cerros del norte, y por supuesto, las discontinuidades propias del damero que deja el latifundismo urbano en los anillos externos al centro fundacional de la ciudad (Ídem.).      

Por lo menos, desde los años treinta, subsisten testimonios del complejo aparato clientelar que se articuló alrededor de las rentas urbanas. La coordinación entre el Concejo de Ibagué, los latifundistas urbanos, los contratos públicos y las inversiones en infraestructura urbanística, se evidencia, por ejemplo, en el proceso de urbanización del barrio Belén (González, 2006, pp. 192-193). Lo que posteriormente se ejemplifica con desarrollos precarios producto de “invasiones” previamente orquestadas por el liberalismo clientelar local.

Para los años cuarenta y cincuenta, los barrios La Pola y Belén, el primero más tradicional que el segundo, se caracterizaban por concentrar edificaciones con algunos elementos republicanos, con una presencia importante de clases medias. En el sector se construyeron importantes equipamientos entre 1930 y 1950, como el Colegio Tolimense, el Parque Centenario y la arborización de algunos ejes viales. 

Para finales de los años cuarenta y durante los cincuenta se hacen patentes las primeras demandas de suelo exclusivamente zonificadas y destinadas a las élites regionales, lo que es consistente con la concentración en pocas manos de las rentas agrarias de la meseta mecanizada de Ibagué, de las haciendas cafeteras de la región, y de la incipiente industria establecida en la ciudad.

Estos fenómenos de segregación espacial de la ciudad aparecen con el desarrollo del barrio Interlaken, el cual concentrará una importante inversión en vías, plazoletas y ejes viales ornamentados. Este sector a su vez impulsará en las próximas décadas otros desarrollos hacia el costado oriental de la ciudad, especialmente alrededor del antiguo camino a El Salado (Ibíd., p. 195).    

Pobres, mendigos, lupanares y actos “inmorales”, ya empiezan a ser objeto de intervención desde principios del siglo XX. Gracias a los censos de 1938 y 1951 se hace evidente un “ejército” de órdenes religiosas católicas e instituciones destinadas a la caridad pública, las cuales tratarán de “normalizar” los efectos negativos de nuestra “modernización tradicionalista”.

La opinión impresa expresará hasta hoy su descontento por la presencia de esa “bochornosa mendicidad” de la ciudad, que sin ningún miramiento usurpa las sobras del mantel de cualquier comercio, interpela las conversaciones del indiferente ciudadano, regatea su alimento en los restaurantes, o con voz grave pide su limosna en las calles populosas.

Paisaje de anomia social que se percibirá como una amenaza desde las instituciones, pero también como una zona de ilegalismos no visibles en la que siempre se puede “arrancar” la subsistencia, o siempre es posible habitar hasta que otras formas del crimen o la seguridad pública, lo permitan.      

Por otro lado, la malla vial recibe intervenciones parciales desde principios del siglo XX, que tratarán de articular mejor a algunos sectores de la ciudad. Pero, solo hasta los años cuarenta del siglo XX se ejecutarán algunas obras de importancia, como la Avenida Andrés López de Galarza, localizada entre la carrera 5ª y la Estación del Ferrocarril (hoy Terminal de Transporte Terrestre), y otras aperturas y adecuaciones entre las calles 12 y 20 (Ibíd., p. 227).

En efecto, desde los años veinte se constata la circulación de discursos sobre la “ciudad moderna”, haciendo uso de referencias europeas y demandando una planificación urbanística inmediata. No obstante, la élite local reaccionó con virulencia ante el “Plano de Ibagué Futuro” (primer intento de planificación de la ciudad), terminado en 1935.

El rechazo tiene varias explicaciones, empezando por la reacción de las élites a la constitución liberal del Concejo que en su momento ordenó el plan urbanístico, en consonancia con los imperativos de la “Revolución en Marcha” (1934-1938). Pero también evidencia el ladinismo a la base del tradicionalismo que perdurará en las élites regionales hasta nuestros días. Pues, las transformaciones propuestas del espacio urbano tocaban sensibles intereses de latifundistas urbanos y constructoras de barrios, que anticipaban la potencial disminución de sus rentas urbanas al no poder desarrollar sus propios predios.

De hecho, se empleó por parte de estos grupos sociales un lenguaje descalificador de lo “moderno”, que invocaba la conexión telúrica con “la aldea” para contener las dinámicas reformistas y defender la inmovilidad del mercado inmobiliario para generar inflaciones.

Algunas proyecciones fueron consideradas en las obras posteriores, como los equipamientos de la “Urbanización del Centenario” en los años cuarenta, pero las reformas esenciales del “Plan de Ibagué Futuro” fueron derogadas progresivamente por el mismo Concejo de la ciudad durante los años treinta y cuarenta.   

En 1956 se trató de implementar otro ejercicio de planificación tecnocrática, conocido como “Plan Piloto de Desarrollo Urbano”, el cual no fue materializado en sus recomendaciones esenciales, tal como sucedió con el Plan de 1934. Igualmente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), adelantó un plan de desarrollo urbano en 1966, con énfasis en la malla vial, que tampoco fue considerado.

Entre las obras e intervenciones generales realizadas se destacan también las inversiones en vivienda social del Instituto de Crédito Territorial (ICT), la ampliación de las carreras 1ª y 2ª hasta la calle 15, la ampliación de la carrera 5ª entre las calles 19 y 25, la renovación del Parque Manuel Murillo Toro, y la construcción del Hospital San Francisco y escuelas públicas.

Al término de los años cincuenta, ya se empieza a evidenciar el crecimiento sostenido de barrios informales producto de “invasiones”. Conflictos con terratenientes urbanos, previamente estimulados por la misma legislación colombiana, y que posteriormente dieron lugar a los desarrollos de barrios como Nacional, Las Palmas, Boyacá, Santander, Gaitán, San Carlos, Alfonso López y Antonio Nariño. La regularización de estos barrios fue posible, en parte, a las relaciones clientelistas de los líderes de los movimientos con los partidos tradicionales.

Estos conflictos, y en general las invasiones de terrenos urbanos, fueron parcialmente atizados por legislaciones de asignación de ejidos para las poblaciones tenedoras, o en otra condición, como el Decreto Presidencial 3101 de 1953, y la “Ley Tocaima” o Ley 137 de 1959.

A pesar del repunte industrioso de la ciudad en los años cincuenta,  las élites regionales nunca pudieron resolver el déficit de cobertura y calidad de los servicios públicos sanitarios, y la ineficiente conectividad vial a los centros productivos y de consumo. De hecho, desde los años cincuenta, la Cámara de Comercio de Ibagué denunciará los problemas viales, de suministro de energía eléctrica,  y la fuga de rentas agroindustriales e industriales hacia otras ciudades.

Conclusiones

Durante el siglo XIX, Ibagué y su región de influencia se vincularon parcialmente al mercado mundial mediante productos agrícolas y mineros, que en su orden fueron quina, tabaco, café y oro. Estas actividades modificaron el paisaje natural, transformaron la hacienda ganadera de la Colonia, y operaron cambios culturales sobre la mentalidad del “calentano y el “montañero”, que luego determinaron una concepción protomoderna del mundo en todas las clases sociales.

Desde principios del siglo XX, Ibagué y su entorno regional fueron objeto de intervenciones en infraestructura vial para integrarla a la economía nacional y al mercado internacional. Dichas intervenciones transformaron el territorio urbano de modo más complejo, estimulando el desarrollo de actividades agroindustriales, comerciales y de servicios, lo que en efecto contribuyó a su paso acelerado de aldea a ciudad.

Con la integración vial de la región y en el marco de políticas modernizadoras de los años treinta y cuarenta del siglo XX, Ibagué y su región de influencia son objeto de adecuaciones de tierras para la producción tecnificada de arroz, algodón, sorgo, entre otros. Esta tecnificación expulsora de mano de obra, sumada a las violencias inherentes a las luchas agrarias, aceleraron el crecimiento de la ciudad. De este modo, se empieza a introducir el paisaje arrocero y a acumular una deuda social urbana.

Desde los años cincuenta del siglo XX, Ibagué da un paso decidido a la agroindustria, instalando molinos, procesadoras de alimentos y generando valor agregado al creciente volumen de la cosecha algodonera de su región de influencia. Dadas las condiciones de la violencia política de los cincuenta y su imagen social de polo regional industrioso, se incrementan las tasas anuales migratorias, e Ibagué se convierte en una ciudad intermedia importante. La deuda urbana sigue en aumento y se producen invasiones masivas de lotes de engorde, lo que potenciará el desarrollo de barrios informales o en zonas de riesgo.

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