Despidos masivos, agrestes medidas de austeridad, una propuesta de reestructuración que podría dejar a 150 funcionarios en la calle, y una disputa a muerte entre los partidos tradicionales y sectores de la izquierda por el control de la institución, podría llevar a la cancelación del semestre académico.

Un físico dedicado a la investigación llegaba a la rectoría de la Universidad del Tolima con ánimos de aire nuevo en el 2012. Se trataba de José Herman Muñoz un Phd con méritos. Las expectativas se desinflaron pronto.

Muñoz recibió la universidad con un superávit de $25 mil millones y después de cuatro años el déficit alcanzó los $24 mil millones. Cada día se iban al hueco $ 50 millones diarios en gastos sin planificación alguno y que la Contraloría identificó a través de distintos informes. En el 2016 se reveló que había $3.000 millones perdidos entre el 2012 y el 2015. También se supo que entre el 2013 y el 2015 Muñoz entregó $6.000 millones de pesos en viáticos a profesores y estudiantes.

Desde el 2013, al año de haber llegado al cargo el rector, los costos se desbocaron. Comenzó con una dinámica de gastos sin control en inversiones millonarias en infraestructura, órdenes de prestación de servicios para todo tipo de actividad y gastos suntuarios que iban desde celebraciones de egresados con conjuntos vallenato, gastos de minibar en lujosos hoteles, ostentosos regalos y la compra de paletas de agua.

El periodo de Muñoz iba hasta el 2018, pero ya en el 2015 tenía a la gran mayoría de la comunidad en contra. Esta investigación de la Contraloría se dio por una denuncia que interpusieron Gildardo Monroy Guerrero, representante de los gremios; Fernando Misas Arango, representante de los exrectores; John Jairo Méndez Arteaga, representante de los profesores; y José Daniel Martínez Chaparra, representante de los estudiantes.

Tal vez el caso más emblemático del descalabro es el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, que el diario Elolfato.com ha documentado desde su nacimiento. Hoy por hoy es uno de los elefantes blancos del departamento. Su construcción comenzó en el 2014, debía ser entregado el 13 de mayo del 2015, y tenía un costo de $6,000 millones de pesos, los cuales el rector solicitó fueran consignados en la cuenta privada de uno de los contratistas. La Contraloría alcanzó a comprobar que sí se le pagó un adelanto de $765 millones. En noviembre del 2016 tuvo que ser liquidado el contrato por incumplimiento.

En total, la Contraloría Departamental encontró en la Universidad del Tolima 75 observaciones administrativas, 64 conductas disciplinarias, 13 delitos penales y 22 irregularidades fiscales.

El rector Muñoz llegó con el respaldo del Partido liberal, producto de una alianza entre el ex gobernador Luis Carlos Delgado Peñón, el senador Guillermo Santos y el ex director nacional del partido, Mauricio Jaramillo Martínez. Le dio también juego para mantener equilibrio y apoyo de todas las fuerzas. La izquierda logró una presencia importante en las oficinas de proyección social y gestión ambiental con representantes de los grupos Poder y Unidad Popular (PUP), el Congreso de los Pueblos y el Partido Comunista.

El desgobierno de Muñoz llevó a la apertura de distintas investigaciones por parte de los ordenes de control y debió incluso afrontar una huelga de hambre liderada por los dos sindicatos más grandes de la universidad, el de los profesores, ASPU, y el de los trabajadores, Sintraunicol. La presión desde todos los frentes forzaron la renuncia del físico quien dejó la  universidad en una precaria condición económica y un desorden institucional total.

En su retiro forzado influyó el triunfo electoral del conservador Óscar Barreto para la Gobernación del Tolima en las elecciones del 2015 sobre su contrincante, el liberal Mauricio Jaramillo. El físico quedó sin respaldo político.

En una votación holgada en el Consejo Superior, el abogado Ómar Mejía Patiño, quien se desempañaba como secretario general, fue elegido rector interino por un año para completar el período y con el apoyo del gobernador intentar sacar de la crisis a la Universidad.

Mejía ha impuesto un régimen de austeridad radical que en ocho meses, ha logrado reducir el déficit de $24 mil a $22 mil millones. Empezó por suprimir más de 30 cargos y declaró insubsistente a igual número de funcionarios que ocupaban direcciones de programa y secretarías académicas para entregárselas a los docentes de planta.

Y el martes 16 de mayo el rector Mejía presentará ante el Consejo Superior un estudio técnico contratado con la Universidad del Valle para reestructurar la planta de personal administrativo que, según distintas fuentes, podría mandar a la calle a 150 funcionarios más.

La reestructuración administrativa y las demás medidas de ajuste ejecutadas por la actual administración de la universidad, están siendo tomadas como caballito de batalla por los liberales, el PUP, la Juco, y los sindicatos de trabajadores y de profesores afines a Muñoz, para protestar en contra de Mejía.

Esta semana, los estudiantes de sociología se tomaron la puerta de la universidad para protestar por el despido de su director de programa, quien se une a los otros 15 funcionarios reemplazados por profesores y funcionarios de planta en este cargo. Por su parte, los sindicatos de trabajadores oficiales y de carrera, anunciaron mítines para el próximo martes, cuando serán entregadas oficialmente las recomendaciones de la Universidad del Valle.

Por medio de mensajes de WhatsApp, comunicados y panfletos, unos y otros se culpan de la crisis de la universidad e intentan tomar partido en las elecciones que se vienen para elegir rector en propiedad. Los mensajes han pasado de castaño a oscuro. Este lo envía Ernesto Monroy, un alfil de Muñoz, a todos los que se opusieron en algún momento al ex rector, y hace especial énfasis en el sindicato de profesores -ASPU-.

El grupo de Muñoz, compuesto por liberales y aliados de izquierda que estaría detrás de las protestas, tiene en su baraja de candidatos a los decanos de Educación, Medicina Veterinaria e Instituto de Educación a Distancia para ocupar la rectoría, mientras que del otro lado, el apoyo sería para Oscar Iván Cortes, actual Vicerrector Académico, quien tendría el respaldo del gobernador.

La mano dura del rector encargado con su propósito de buscar equilibrio fiscal ha roto el ritmo académico de la universidad y tiene alterados los ánimos de las organizaciones de trabajadores y de representantes de la izquierda que por primera vez habían tenido acceso a cargos administrativos de la Universidad del Tolima.

 

Por: Mayo 15, 2017 

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